En Alcorcón debe cumplirse el derecho constitucional a la vivienda

La Constitución Española recoge, en su artículo 47, el derecho constitucional a la vivienda y compromete a los poderes públicos a promover «las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». La Carta Magna es un texto que va más allá de lo jurídico, su objetivo es definir un horizonte de sociedad que compromete legal pero también política, ética y moralmente a todas las instituciones del Estado con un rumbo determinado de país. ¿Está nuestro Ayuntamiento alineado con este principio?

En Alcorcón el Partido Popular no sólo ha obviado esta orientación general, sino que además ha navegado en dirección contraria. Destruyó la empresa municipal de la vivienda (EMGIASA) y dejó a decenas de miles de familia sin alternativas ante la burbuja del alquiler y los precios desorbitados.

¿Cómo devolvemos a nuestro ayuntamiento a la senda constitucional?, ¿cómo alineamos nuestras administraciones locales con el derecho a acceder a una vivienda?

Más allá de las políticas que puedan promoverse en ámbitos superiores, parece que recuperar los parques municipales de vivienda pública para ofrecer alquileres a precios asequibles es la opción más viable para proteger a las familias de nuestros municipios.

El Ayuntamiento no puede limitarse a ser un mero observador de los procesos de expulsión masiva de las vecinas y vecinos por parte de un mercado de vivienda dopado, tanto en el alquiler como en la compraventa. Tiene la obligación constitucional, pero también política y moral de tomar partido, de actuar para ofrecer, desde sus posibilidades, alternativas habitacionales. Necesitamos Ayuntamientos proactivos.

La oferta de viviendas de alquiler a precio protegido permitirá que nuestra juventud pueda emanciparse a una edad razonable y que no tenga que abandonar su ciudad para buscar suerte en otra parte. También permite a los Ayuntamiento construir una red de protección para atender los casos más graves de exclusión social. Las posibilidades son múltiples y variadas cuando se le da a lo local las herramientas para transformar su entorno más cercano.

Pero esta política no limitaría su efecto positivo sobre las inquilinas e inquilinos, sino que también podría servir como palanca para potenciar el comercio local. La oferta de locales a unos precios asumibles para que el empresariado municipal ponga en marcha sus iniciativas dinamizaría las economías de cercanía y nos permitiría dar oportunidades a emprendedores de Alcorcón con buenas ideas.

Hoy, la oferta de alquileres a precios razonables desde los municipios es una tarea estratégica para el desarrollo, tanto social como económico. Por eso mismo, los Ayuntamientos que se integren en esta tarea deberían demandar facilidades financieras y líneas de créditos preferentes por parte de las instituciones autonómicas y centrales para promover el inmueble público como palanca del bienestar, la seguridad, el progreso, la justicia social y el emprendimiento.

El horizonte es claro, pero la lección está aprendida: hoy es más urgente que nunca el blindaje por ley de nuestras empresas públicas para evitar que nadie pueda volver a destruirlas con el objetivo de lucrarse a costa de todas y todos.

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